Mujeres migrantes venezolanas: cuando la justicia deja de ser un derecho

Por más de una década, América Latina ha sido testigo de uno de los mayores desplazamientos humanos de su historia reciente: la migración venezolana. Más de 8 millones de personas han salido del país y, en destinos como Colombia, las mujeres, adolescentes y niñas representan una parte decisiva de esa población migrante. Detrás de estas cifras, sin embargo, hay una realidad que suele pasar desapercibida: la situación de las mujeres migrantes venezolanas y las enormes barreras que enfrentan para acceder a la justicia.

Hablar de acceso a la justicia no es un lujo académico ni un concepto abstracto. Es, en términos simples, la posibilidad real de denunciar una agresión, exigir una protección o enfrentar cualquier trámite legal y obtener una respuesta efectiva del Estado. Para miles de mujeres en la región este derecho no existe en la práctica: se diluye entre la irregularidad migratoria, la falta de recursos, el arraigo de prejuicios culturales y el laberinto de la burocracia.

Una vulnerabilidad que se multiplica

Las barreras comienzan desde lo más básico. Muchas mujeres migrantes no conocen sus derechos en los países de acogida, no saben dónde acudir y se topan con trámites hostiles. En muchos casos, además, costear asistencia legal resulta prohibitivo. Sin embargo, incluso cuando logran superar estos obstáculos, se enfrentan a un muro invisible: la profunda desconfianza en las instituciones de un nuevo entorno social.

A esto se suma un factor paralizante: el miedo. El temor a ser deportadas, a perder su estatus migratorio o a quedar imposibilitadas para sostener a sus familias empuja a muchas de ellas al silencio, incluso frente a situaciones de violencia extrema. En la práctica, esto convierte a la maquinaria judicial en un espacio inaccesible y, en algunos casos, amenazante.

La situación alcanza su punto más crítico desde una perspectiva de género. Las mujeres migrantes están expuestas de forma desproporcionada a la violencia, la explotación laboral y la trata de personas. Los datos regionales son alarmantes: en América predomina la explotación laboral y sexual entre las víctimas de trata migrante, mientras que en Colombia, por ejemplo, el 74 % de los casos registrados en 2024 tuvieron como fin específico la explotación sexual.

La ruta de la violencia

En los países de tránsito y destino, los riesgos no comienzan con la denuncia en las comisarías ni en los juzgados: empiezan mucho antes, en las rutas irregulares, en la informalidad laboral y en la dependencia económica. Organizaciones de derechos humanos han advertido que los pasos fronterizos irregulares se han convertido en trampas peligrosas para mujeres refugiadas y migrantes venezolanas, donde la violencia física, psicológica o sexual es recurrente.

En Ecuador, por ejemplo, Amnistía Internacional ha señalado en forma reiterada que estas mujeres enfrentan un riesgo elevado y sistemático de sufrir múltiples formas de violencia de género. En Colombia el panorama no es diferente: entre 2018 y 2023 se registraron 147 migrantes venezolanas como víctimas de explotación sexual, una cifra que evidencia una vulnerabilidad sostenida en el tiempo y no hechos aislados. En paralelo, investigaciones periodísticas de 2026 han vuelto a encender las alarmas al demostrar cómo mujeres y niñas migrantes siguen siendo captadas por grupos armados ilegales y redes de trata en las zonas fronterizas.

Estas cifras confirman que el éxodo venezolano no solo ha sido un fenómeno de movilidad humana, sino también una profunda crisis de protección. La combinación de pobreza, irregularidad migratoria, discriminación de género y ausencia de mecanismos efectivos de resguardo crea un entorno de impunidad donde los abusos contra mujeres rara vez llegan a los tribunales.

Estados que llegan tarde

Frente a este panorama, los Estados no pueden alegar desconocimiento. Existen obligaciones claras derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos que exigen garantizar el acceso a la justicia y a una vida digna sin discriminación. No se trata solo de tener leyes: el desafío urgente es hacerlas funcionar en la práctica.

Eso implica, en primer lugar, implementar mecanismos de regularización migratoria eficientes que reduzcan la vulnerabilidad de estas mujeres y les permitan denunciar sin temor a represalias. Nadie debería verse obligado a elegir entre buscar protección o arriesgar su permanencia en el país. La irregularidad migratoria no puede convertirse en una condena de silencio.

En segundo lugar, los gobiernos deben garantizar asistencia legal especializada y accesible. Sin una representación adecuada, el acceso a la justicia es una promesa vacía. Además, cuando esa asistencia carece de perspectiva de género e interculturalidad, el sistema termina reproduciendo las mismas desigualdades que dice combatir.

Asimismo, es fundamental capacitar a los funcionarios en derechos humanos. La revictimización institucional sigue siendo una realidad en distintos puntos de la región; erradicarla debe ser una prioridad absoluta. No basta con abrir las puertas de un juzgado si la atención dentro de él sigue marcada por el prejuicio, la desconfianza o la indiferencia.

Cooperación necesaria

Finalmente, la cooperación internacional juega un papel clave, especialmente en la lucha contra la trata de personas. Ningún país puede enfrentar este delito transnacional de manera aislada. El éxodo venezolano exige respuestas coordinadas entre gobiernos, organismos multilaterales y la sociedad civil; aunque existen esfuerzos importantes en marcha, estos requieren fortalecerse con urgencia.

La crisis migratoria venezolana ha puesto a prueba la capacidad institucional de la región. Pero también ha evidenciado una verdad incómoda: el acceso a la justicia no es igual para todos. Mientras una mujer deba callar por miedo a la deportación, mientras la trata y la explotación sigan siendo una trampa para sobrevivir, y mientras la ley no se traduzca en protección real, no podremos hablar de un verdadero estado de derecho.

Garantizar derechos humanos no debería depender del lugar de origen ni del estatus migratorio. De lo contrario, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.

Rosa Virginia Cabrera Carpio — FUNDEMUL Venezuela.